Las crisis no pueden seguir despidiendo trabajadores

«Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad». En su discurso por el Día de la Independencia, decía un exultante presidente Milei en el acto del 9 de Julio, a modo de gran logro nacional. Casi en simultáneo, el arzobispo Jorge García Cuerva recordó: «En este 9 de julio, pidamos juntos a Dios que nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren. Los heridos del camino de la vida, los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados, las personas con discapacidad; hoy queremos hacer presentes en este Tedeum sus vidas, sus rostros, sus historias concretas; no cifras o diagnósticos, sino sus nombres».

Durante décadas naturalizamos una respuesta equivocada: cuando una empresa entra en crisis, el primer mecanismo de ajuste es el despido.

La pregunta que debemos hacernos como sociedad, incómoda para el gobierno de turno, pero necesaria, es: ¿por qué el primer telegrama llega al trabajador antes de que el Estado haya agotado todas las herramientas para preservar el empleo?

No podemos construir un modelo laboral para el siglo XXI esperando solamente que las empresas actúen con criterio social. Algunas lo harán; otras, como Metalfor S.A. y Crucianelli S.A., no. La lógica empresaria está orientada a la rentabilidad y a su supervivencia económica. Precisamente por eso existe el Estado, para equilibrar intereses cuando una crisis amenaza con romper el contrato social. Pero, mientras el gobierno siga reivindicando el ajuste como un logro, la señal a la sociedad es otra,  el costo social no importa.

El sindicalismo no debe pedir sensibilidad como un favor; debe exigir reglas inteligentes, claras y orientadas al bien común; y es el Estado quien está obligado a garantizar ese equilibrio social, le guste o no por su orientación ideológica, debe ser árbitro y dejar su indiferencia social para sus charlas partidarias.

Ante una crisis comprobada, debería existir un verdadero protocolo de salvataje laboral obligatorio: una mesa de gobernanza integrada por el Estado, la empresa y los trabajadores, donde el despido no sea la primera alternativa, sino la última instancia.

Si una empresa atraviesa una dificultad financiera real, el Estado debe intervenir ordenando la transición mediante alivios temporales de cargas impositivas, mecanismos fiscales de emergencia y herramientas de asistencia condicionadas estrictamente al sostenimiento de los puestos de trabajo.

No se trata de subsidiar ganancias privadas. Se trata de transformar, de manera transitoria, presión fiscal en salario de contención para proteger el empleo mientras la actividad se recupera.

Porque, cuando una persona pierde su trabajo, no desaparece un número de una planilla de Excel: se resquebraja una familia, se pierde conocimiento acumulado y el propio Estado termina pagando mucho más caras las consecuencias sociales de esa ruptura.

Esta visión no nace de un escritorio. Tiene antecedentes concretos.

En la Ruta Nacional 36 vivimos una experiencia que demostró que existe otro camino. Durante el proceso de reorganización laboral asociado a la provincialización de la Ruta Nacional 36, frente a un escenario de sobredotación de personal derivado de la transición de las concesiones y del desarrollo inconcluso de las obras de infraestructura vial de la entonces nueva autopista Córdoba-Río Cuarto, se implementó un mecanismo de redistribución del trabajo basado en una «canasta de horas».

Este esquema, aplicado hace más de una década durante el gobierno de José Manuel de la Sota y articulado entre la Unión de Empleados de la Construcción y los Peajes del Interior (UDI) y el Gobierno de Córdoba, desde la cartera de Obras Públicas dirigida por Hugo Testa, permitió construir un antecedente concreto de estabilización laboral en contextos de transición y crisis, evitando los costos sociales y económicos derivados del desempleo.

Se redujo temporalmente la jornada laboral, preservando la cobertura de salud, los aportes previsionales y la continuidad del vínculo laboral. A medida que la actividad se recuperó, la jornada fue restablecida progresivamente hasta alcanzar nuevamente las ocho horas diarias. El resultado fue simple, pero profundamente significativo: ningún trabajador perdió su empleo.

Este tipo de herramientas constituye lo que puede denominarse una verdadera ingeniería social de transición laboral; es decir, mecanismos institucionales diseñados para absorber las fluctuaciones productivas sin recurrir al despido como primera respuesta.

Allí se comprendió algo fundamental: una concesión puede cambiar, una tecnología puede avanzar y un modelo de negocio puede modificarse, pero el trabajador no puede quedar fuera del sistema laboral. Se construyeron mecanismos de continuidad laboral, capacitación, adaptación a nuevas funciones y una transición en la que la eficiencia económica pudo convivir con la responsabilidad social.

Esa experiencia anticipó el gran debate que hoy plantean la inteligencia artificial y la automatización. El problema no es la tecnología ni el cambio. El problema es quién gobierna ese cambio. El futuro no se resuelve frenando la innovación, pero tampoco permitiendo que la innovación avance sin instituciones capaces de proteger a las personas.

Necesitamos pasar de un Estado espectador de los despidos a un Estado arquitecto de las transiciones.

Así como existen procedimientos preventivos para proteger empresas, deben existir procedimientos preventivos para proteger comunidades laborales. El nuevo contrato social requiere comprender que, en una crisis, hay tres actores sentados a la misma mesa: el capital, el Estado y el trabajo. Cuando uno de los tres se rompe, pierde toda la sociedad.

La verdadera modernidad no consistirá en reemplazar personas cada vez más rápido, sino que consista en construir instituciones capaces de acompañar los cambios sin dejar seres humanos en el camino. Porque el éxito de una economía no debería medirse solamente por cuántas empresas sobreviven a una crisis, sino también por cuántos trabajadores logramos proteger mientras salimos de ella.

«Desde anoche, en distintos puntos del país se canta el Himno Nacional. Su letra empieza con una invitación a escuchar: ¡Oíd!. ¡Qué importante este comienzo! En la tradición judeocristiana …  ¡Escucha, Israel! (Shemá Israel) es la invitación… La escucha es la capacidad de ponerse en el lugar del otro para comprender sus anhelos, sus preocupaciones y sufrimientos. Escuchar es mucho más que oír. Escuchar supone cercanía, respeto, empatía; supone dejarse interpelar por el dolor y la esperanza de los demás.»

Así concluyó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, el tedeum del 9 de Julio de 2016.

Lic. Gustavo Rossi
Secretario General
Unión de Empleados de la Construcción y los Peajes del Interior – UDI –